La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir prisión domiciliaria en su departamento del barrio Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La medida, dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada por la Corte Suprema, incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica y restricciones para salir del domicilio, salvo casos de fuerza mayor y con autorización judicial.

La notificación de la prisión domiciliaria se realizó el 17 de junio mediante videollamada, y desde entonces la zona fue escenario de una fuerte presencia policial y de manifestantes que expresaron su apoyo a la exmandataria. "Cristina no va a poder saludar desde el balcón, lo que venía haciendo con la gente. La Justicia dispuso que no puede hacerlo", explicó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tras visitar a la expresidenta. Mendoza calificó la condena como "ilegal" y convocó a movilizarse a Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Kirchner.

Diversos gremios y organizaciones sociales, como ATE y las CTA, anunciaron paros y movilizaciones, mientras que la CGT optó por no convocar a un paro general, dejando en libertad de acción a sus sindicatos. Organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo y H.I.J.O.S., también se sumaron a la vigilia y manifestaron su respaldo. "Es muy serio e injusto, totalmente repudiable. Pero no la van a vencer", expresó Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo.

El Gobierno nacional implementó un operativo de seguridad especial para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar disturbios, mientras que la Procuración General de la Ciudad manifestó su preocupación por el impacto de la prisión domiciliaria en la zona. El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, aseguró que Cristina podrá utilizar redes sociales y que la condena se cumple desde su domicilio.

El caso profundizó la polarización política, con sectores del peronismo denunciando persecución judicial y el oficialismo defendiendo la legitimidad del proceso. La situación genera expectativa sobre el futuro político y social del país, en un contexto de alta tensión y movilización.