La Justicia argentina avanza en una investigación de alto impacto que involucra a Facundo Leal, ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). En allanamientos realizados en propiedades de Leal en Mendoza y Buenos Aires, la Policía Federal secuestró un total de 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas y sofisticados equipos de espionaje.

El operativo en Mendoza resultó especialmente llamativo: cámaras de seguridad captaron a la hija de Leal y a otra mujer retirando valijas del departamento horas antes de la llegada de los efectivos. Una de esas valijas aún no ha sido localizada, mientras que otra fue recuperada con ropa en su interior. En el lugar, la policía halló una valija con 1,7 millones de dólares, organizados en bloques termosellados, y en Palermo otros 670.000 dólares junto a ketamina, MDMA y cocaína.

La investigación, que comenzó tras el robo de equipos tecnológicos en un depósito de ARSAT, reveló una presunta trama de corrupción. Chats y documentos muestran cómo contratos con la empresa Argentina Logistic Services (ALS) habrían sido inflados y direccionados, con pagos de coimas en efectivo y otros beneficios. La Justicia sospecha que Leal y otros imputados accedieron ilegalmente al expediente judicial para obstaculizar la causa y eliminar pruebas.

Entre los elementos incautados se encuentran detectores de radiofrecuencia, inhibidores de señal y teléfonos satelitales, cuyo uso y procedencia están bajo análisis. Las autoridades también investigan el origen de los fondos, ya que los billetes hallados presentaban fajas de la Reserva Federal estadounidense, lo que sugiere que no provienen del circuito bancario formal.

El caso ha generado fuerte repercusión política y mediática, con pedidos de mayor control sobre las empresas estatales y sus contrataciones. La Justicia continúa analizando dispositivos electrónicos y documentación para determinar la magnitud de la red de corrupción y la posible implicancia de otros funcionarios. El avance de la causa podría tener consecuencias significativas para la transparencia y la seguridad en la administración pública argentina.