El subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Alberto Baños, protagonizó una polémica intervención ante el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, donde negó la cifra histórica de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar y defendió la política oficial de "memoria completa". Baños, acompañado por funcionarios de los ministerios de Justicia y Seguridad, cuestionó la veracidad de los informes presentados por organismos de derechos humanos, en particular el CELS, y acusó a estos de corrupción y de haber convertido la defensa de los derechos humanos en un "negocio".

Durante la audiencia, Baños aseguró que el gobierno argentino mantiene todas las obligaciones en materia de verdad y justicia, pero desde una perspectiva "amplia, no sesgada". Negó que se hayan cerrado sitios de memoria o abandonado archivos, y presentó cifras sobre pagos de reparaciones económicas a víctimas. "No viajamos 12 mil kilómetros desde Buenos Aires para venir con mentiras", afirmó el funcionario, quien también sostuvo que "la verdad no les interesa" a los organismos que critican la gestión actual.

La postura argentina fue recibida con críticas y perplejidad por parte de los expertos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que la exposición oficial marcó una ruptura con la tradición argentina de diálogo y compromiso con los organismos internacionales. Legisladores y referentes políticos calificaron la intervención como una provocación y un intento de avanzar en la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad.

El debate sobre la cifra de desaparecidos y la política de memoria se inscribe en un contexto de revisión de las políticas de derechos humanos impulsada por el gobierno de Javier Milei y sectores afines, que buscan equiparar las víctimas del terrorismo de Estado con las de la violencia política setentista. Esta postura ha generado un fuerte rechazo en organismos y sectores de la sociedad civil, que advierten sobre el riesgo de retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia.

El Comité contra la Tortura de la ONU evaluará en los próximos días el cumplimiento argentino de la Convención, en un escenario de creciente tensión entre el gobierno nacional y los organismos internacionales de derechos humanos.