La política de la pipeta
• Concejal de Bahía Blanca renunció tras negarse a un test de alcoholemia 🚗 • Jonatan Arce admitió su error y aceptó la sanción • El hecho generó debate político y presión social en la ciudad



El concejal Jonatan Arce, representante de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, presentó su renuncia este domingo tras negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular en la madrugada del viernes. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales, generó un fuerte impacto político y social en la ciudad.
Arce, quien integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, fue detenido en un operativo de rutina y, al negarse a someterse al test, fue sancionado conforme a la normativa vigente, que considera la negativa como "positivo por presunción". La multa impuesta asciende a $1.412.800. En un comunicado difundido en sus redes sociales, Arce admitió: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas". Además, expresó que entregó toda la documentación solicitada y aceptó la sanción correspondiente.
La situación se agravó tras el reclamo público de Santiago Saccoccia, padre de una víctima fatal de siniestro vial por alcohol, quien exigió la renuncia del edil. La presión social y la repercusión mediática aceleraron la decisión de Arce, quien justificó su salida para no afectar el funcionamiento institucional ni perjudicar a su espacio político. "Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos", sostuvo en su carta de renuncia.
La renuncia de Arce ocurre en una semana clave para el Concejo Deliberante, ya que está previsto el debate sobre la suba de tasas municipales. Ahora, el oficialismo debe definir rápidamente a su reemplazante, en un contexto donde la normativa no exige paridad de género y la decisión suele depender de acuerdos políticos internos.
Este caso se suma a antecedentes similares en la ciudad, donde otros funcionarios debieron dejar sus cargos por situaciones relacionadas con controles de alcoholemia. El episodio reaviva el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la tolerancia social ante conductas imprudentes al volante, en un contexto de creciente demanda por mayor seguridad vial.
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