La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha desatado una fuerte controversia nacional, tras la decisión del gobierno de limitar la participación en las audiencias públicas a solo 200 expositores, pese a que cerca de 100 mil personas se inscribieron para intervenir. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, propone modificar el alcance de la protección de los glaciares, permitiendo que solo aquellos con "función hídrica comprobada" queden resguardados por la normativa.

La medida fue impulsada por el oficialismo con el argumento de atraer inversiones mineras y dinamizar la economía, otorgando además mayor autonomía a las provincias para decidir sobre la protección de los glaciares en sus territorios. Sin embargo, la decisión de restringir la participación en las audiencias públicas generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, abogados y ciudadanos, quienes presentaron recursos judiciales para ampliar el acceso, aunque estos fueron desestimados por la justicia federal.

Referentes ambientalistas y científicos han advertido que la reforma representa un retroceso en la protección de los recursos hídricos y podría debilitar principios fundamentales del derecho ambiental argentino, como el principio precautorio y el de no regresión. "La ciudadanía demuestra masivamente un interés genuino en defensa de los glaciares y los reservorios de agua dulce", señaló Lucas Micheloud, abogado ambientalista, quien además calificó de "antirreglamentario" el formato de la audiencia.

Desde el oficialismo, en cambio, se sostiene que la reforma es necesaria para compatibilizar la producción con la protección ambiental y que la descentralización permitirá a las provincias gestionar sus recursos de manera más eficiente. El debate, que se desarrollará en el Congreso los días 25 y 26 de marzo, enfrenta posturas encontradas entre quienes priorizan el desarrollo económico y quienes advierten sobre los riesgos de flexibilizar la protección de uno de los recursos naturales más estratégicos del país.

El resultado de esta discusión será clave para definir el futuro de la política ambiental argentina y podría tener implicancias en la relación entre el Estado nacional y las provincias, así como en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de protección ambiental.