Analizan llevar a Fernando Gray a la justicia por los afiches ilegales | "Fernando Gray roba"
- La APE evalúa denunciar al intendente Fernando Gray por afiches ilegales en vía pública. - El conflicto surge por uso no autorizado de espacios publicitarios en CABA y conurbano. - Gray niega irregularidades y llama a "renovar el peronismo".

La Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE) analiza llevar a la Justicia al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, por la colocación de afiches políticos sin autorización en espacios publicitarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según informó Gustavo Brizuela, presidente de la APE, los carteles comenzaron a aparecer hace dos meses y contienen consignas de "renovación peronista" junto al nombre y la imagen de Gray, así como la firma de la línea interna Apertura Peronista.
Brizuela explicó que la organización intentó comunicarse con Gray para resolver la situación, pero no obtuvo respuesta. "Nos comunicamos, pero no fuimos escuchados y por eso salimos con esta reacción", afirmó. La APE sostiene que la colocación de estos afiches constituye una contravención, ya que el uso de carteleras publicitarias debe ser pagado y autorizado, y que la práctica genera un perjuicio económico a las empresas del sector. En la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 88 del Código Contravencional establece multas para este tipo de infracciones.
El consejo directivo de la APE tiene previsto reunirse la próxima semana para definir si avanza con una denuncia judicial. Mientras tanto, tras la reacción pública de la asociación, no se han vuelto a registrar nuevos afiches ilegales con la imagen de Gray.
La controversia surge en un contexto de creciente tensión dentro del peronismo, marcado por la proscripción de Cristina Kirchner y los intentos de distintos sectores por alcanzar la unidad de cara a las próximas elecciones provinciales y nacionales. Gray, desde su espacio Apertura Peronista, promueve la renovación del partido, lo que se refleja en la campaña gráfica cuestionada.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de espacios públicos para la propaganda política y la transparencia en la financiación de campañas, temas recurrentes en años electorales. La APE, por su parte, insiste en la necesidad de respetar las normas y proteger los intereses de sus asociados.
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