El Gobierno nacional continúa con su plan de privatizar ocho empresas públicas, en medio de un escenario financiero dispar y crecientes desafíos operativos. Según datos oficiales, tres de las compañías incluidas en la lista —Nucleoeléctrica, Corredores Viales e Intercargo— lograron cerrar el primer trimestre de 2025 con superávit, sumando más de $28.000 millones entre las tres. Sin embargo, el déficit financiero total de las empresas sujetas a privatización asciende a $74.395 millones, lo que alimenta el debate sobre la conveniencia y el impacto de la medida.

El proceso de privatización, que inicialmente contemplaba más de 30 empresas, se redujo a ocho tras negociaciones en el Congreso. El Gobierno emitió el Decreto 416/25 para establecer los mecanismos de venta, que incluyen subastas electrónicas y licitaciones públicas. A pesar de estos avances normativos, hasta el momento no se han registrado interesados concretos en la adquisición de las empresas, lo que ha generado demoras y cuestionamientos sobre la viabilidad del plan.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los fondos obtenidos por las privatizaciones serán destinados a fortalecer las reservas del Banco Central. "Vamos a ver muchos de los activos de la Agencia de Bienes del Estado vendidos, lo que generará un ingreso de miles de millones de dólares", afirmó Caputo. Sin embargo, la falta de oferentes y la complejidad legal han ralentizado el proceso, y solo la empresa Impsa ha sido privatizada hasta la fecha.

El resultado global de las 33 empresas públicas no financieras fue superavitario en el primer trimestre, impulsado principalmente por la Administración General de Puertos y el Correo Argentino, aunque este último fue retirado de la lista de privatizaciones. El análisis del gasto público revela que las empresas estatales demandan importantes recursos, especialmente en los sectores de transporte y energía.

El plan de privatizaciones ha generado reacciones encontradas. Mientras el oficialismo defiende la medida como necesaria para sanear las cuentas públicas, la oposición y sectores sindicales critican la venta de empresas rentables y advierten sobre el impacto en el empleo. El proceso, que recuerda a las privatizaciones de los años 90, enfrenta además una mayor resistencia política y social, así como desafíos técnicos y normativos que dificultan su avance. El futuro del plan dependerá de la capacidad del Gobierno para superar estos obstáculos y atraer inversores interesados.