El empresario Mario Montoto, conocido por su pasado como integrante de Montoneros y su actual rol como proveedor estatal, se encuentra nuevamente en el centro de la escena por la renovación de contratos millonarios para el suministro de tobilleras electrónicas. Estos dispositivos son utilizados para el monitoreo de presos con prisión domiciliaria y víctimas de violencia de género.

Según se informó, las licitaciones realizadas por los ministerios de Justicia y Seguridad han generado controversia debido a la falta de competencia. Desde 2017, la empresa Surely S.A., propiedad de Montoto, ha sido la única oferente en estos procesos. En la reciente licitación del Ministerio de Justicia, se presentaron 5000 dispositivos para un contrato de tres años, mientras que el Ministerio de Seguridad licitó 6000 dispositivos por dos años. Los contratos podrían alcanzar un valor total de hasta 155 millones de dólares, con un costo estimado de entre 15 y 16 dólares diarios por dispositivo.

A pesar de que se realizaron esfuerzos para abrir la competencia a empresas internacionales, muchas declinaron participar. Entre las razones citadas se encuentran los altos costos de inversión, la necesidad de asociarse con empresas locales y requisitos técnicos específicos. Por ejemplo, se eliminaron algunas especificaciones técnicas, como la posibilidad de cortar las tobilleras con tijeras, pero se mantuvieron otras que dificultaron la participación de competidores extranjeros.

Los precios de las tobilleras en Argentina han sido objeto de críticas, ya que superan significativamente los valores promedio en otros países de la región, donde oscilan entre 4 y 11 dólares por dispositivo. Sin embargo, fuentes oficiales justifican los costos argumentando que Surely S.A. ofrece un servicio integral que incluye la instalación, monitoreo y conexión directa con el sistema de emergencias 911.

Montoto, además de su rol empresarial, es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y mantiene vínculos con figuras políticas de distintos sectores. Su historial incluye relaciones con el actual gobierno y con administraciones anteriores, lo que ha alimentado las críticas sobre posibles favoritismos en las licitaciones.

La polémica en torno a estos contratos no solo pone en cuestión la transparencia de los procesos de licitación, sino que también plantea interrogantes sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos. Mientras tanto, el debate continúa, con implicaciones tanto económicas como políticas que podrían extenderse en el tiempo.