El Gobierno nacional avanzará en los próximos días con una reforma integral de las fuerzas federales de seguridad, que será implementada por decreto. La medida, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, busca redefinir las funciones de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con el objetivo de evitar superposiciones, especializar tareas y mejorar la eficiencia operativa.

Según fuentes oficiales, el decreto modificará las leyes orgánicas de cada fuerza y delimitará con precisión sus competencias. La PSA pasará a ser una "policía de transporte", encargada exclusivamente de la seguridad en estaciones de tren, terminales de ómnibus y aeropuertos, absorbiendo funciones que hoy están repartidas entre distintos cuerpos. Esto permitirá liberar recursos de la Policía Federal Argentina, que ya fue transformada en un cuerpo de investigación similar al FBI estadounidense, con la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

La Prefectura Naval mantendrá su rol en la seguridad de mares, ríos y zonas portuarias, pero bajo una lógica de mayor especificidad y con una asignación territorial más clara. Por su parte, la Gendarmería Nacional se concentrará en el control de fronteras, la prevención del contrabando, las migraciones clandestinas y la represión de alteraciones graves del orden público.

La reforma también contempla una revisión del sistema de reclutamiento y una redistribución del personal, adaptando cada fuerza a sus nuevas misiones. El modelo adoptado se inspira en el sistema de seguridad de Estados Unidos, donde cada cuerpo federal tiene un rol bien definido, como la Guardia Nacional, la TSA y la Guardia Costera.

El Ejecutivo busca acelerar la implementación de estas reformas antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas que permiten al Gobierno avanzar con este tipo de reorganizaciones sin pasar por el Congreso. Desde la Casa Rosada aseguran que no intentarán renovar esas atribuciones ni mediante una ley ni a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Esta reestructuración se enmarca en un proceso más amplio de reforma del Estado, que incluye la eliminación de fideicomisos y organismos redundantes. El objetivo, según el Gobierno, es lograr un aparato público más eficiente, menos burocrático y con funciones claramente definidas, especialmente en áreas sensibles como la seguridad interior. Se espera que la medida permita contar con fuerzas más profesionales y mejor adaptadas a los desafíos actuales del delito y el crimen organizado.