La exjueza Julieta Makintach enfrenta un pedido de detención preventiva tras ser destituida de su cargo en el marco de la causa penal por el juicio de la muerte de Diego Maradona. La solicitud fue presentada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona, quienes argumentan que la exmagistrada incurrió en conductas graves como manipulación de testigos, intimidación y obstrucción de la investigación judicial.

Según la querella, Makintach habría utilizado su posición para influir en testigos y manipular pruebas, además de mantener comportamientos obstructivos durante el proceso. Entre los episodios denunciados se encuentran el envío de mensajes intimidatorios a testigos y contactos impropios con personas vinculadas a la causa. Los abogados sostienen que estas acciones configuran un "modus operandi" que pone en riesgo la integridad del proceso judicial y justifican la necesidad de su detención preventiva.

El pedido se fundamenta en el artículo 148 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que habilita medidas cautelares ante peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Como alternativas, se solicitó la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte y la restricción de contacto con testigos y periodistas.

Makintach, por su parte, rechaza las acusaciones y califica el pedido de detención como "un disparate". Su defensa argumenta que la destitución aún no está firme y que recurrirán a instancias superiores, incluyendo la Suprema Corte bonaerense y, eventualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, sostienen que la exjueza tiene derecho a expresarse públicamente sobre el caso.

El escándalo se originó tras la difusión de un documental grabado durante el juicio por la muerte de Maradona, lo que llevó a la anulación del proceso y la destitución de Makintach. La causa penal en su contra contempla delitos como cohecho, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y violación de deberes de funcionaria, con una posible pena de hasta 18 años de prisión.

El juez de Garantías de San Isidro deberá resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de detención o aplica medidas alternativas. El caso ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y mediático, con posturas encontradas entre los distintos actores involucrados y una fuerte atención pública sobre el desenlace del proceso.