El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, revocó el 6 de abril de 2026 las credenciales de varios periodistas acreditados en la Casa Rosada, impidiéndoles el acceso a la sede del Poder Ejecutivo. La medida, comunicada de manera informal y sin explicación oficial, afectó a profesionales de medios como Ámbito, C5N, Tiempo Argentino y La Patriada, entre otros.

La decisión se justificó en un informe internacional que sugería la existencia de pagos de una red de propaganda rusa a medios argentinos para desestabilizar al gobierno. Sin embargo, tanto los medios involucrados como los propios autores del informe reconocieron la falta de pruebas concluyentes y se retractaron parcialmente de las acusaciones. Ámbito, uno de los principales afectados, negó haber recibido fondos extranjeros y denunció la falta de derecho a réplica, así como el daño reputacional sufrido.

El episodio se produjo en un contexto de creciente hostilidad entre el gobierno y la prensa. El presidente Milei y varios funcionarios intensificaron sus críticas, llegando a calificar al 95% de los periodistas como "delincuentes" y acusándolos de actuar por intereses ajenos o empresariales. Estas declaraciones y la revocación de credenciales fueron interpretadas por amplios sectores como un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información.

La reacción del periodismo argentino fue fragmentada, con comunicados, muestras de solidaridad y denuncias públicas, pero sin una acción colectiva sostenida. Especialistas y organizaciones advirtieron sobre el riesgo que estas medidas representan para la democracia y la necesidad de fortalecer la solidaridad profesional y la pluralidad informativa.

El caso se inscribe en una tendencia global de gobiernos que restringen el acceso y atacan a la prensa, en un contexto de precarización laboral y presión de las plataformas digitales sobre el periodismo tradicional. El debate sobre el rol de la prensa y la defensa de la libertad de expresión continúa abierto en la sociedad argentina.