El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Procrear, el histórico programa de acceso a la vivienda creado en 2012, mediante la publicación de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024. La medida, impulsada por la gestión de Javier Milei, se fundamenta en la necesidad de "mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto", según argumentaron fuentes oficiales.

A partir de esta decisión, la administración de los créditos hipotecarios y personales otorgados bajo las distintas líneas del Procrear quedará en manos del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado bajo las mismas condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales, incluyendo monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago, por lo que no verán alterados sus derechos ni obligaciones.

La liquidación del fondo implica que la gestión económica y legal de los créditos, como el cobro de cuotas y la eventual renegociación, continuará a cargo del Banco Hipotecario. La Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa.

Uno de los principales desafíos tras la disolución es el destino de cerca de 17.000 viviendas en construcción en distintos puntos del país. El Gobierno resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la gestión local asumió el compromiso de finalizar y adjudicar viviendas con fondos provinciales.

Los bienes del fideicomiso, incluyendo inmuebles y terrenos, serán redistribuidos, vendidos o transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Las viviendas terminadas pero aún no adjudicadas podrían incorporarse al mercado mediante ventas directas, lo que representaría un cambio respecto al sistema de sorteo tradicional del Procrear.

La decisión se enmarca en una reforma estatal más amplia que busca reducir la intervención directa del Estado en materia de vivienda, trasladando el protagonismo a bancos privados, empresas constructoras y gobiernos provinciales y municipales. El acceso al crédito hipotecario dependerá, en adelante, de las condiciones del mercado financiero y no de programas estatales orientados a sectores medios o trabajadores formales. El Ministerio de Economía quedará a cargo de la liquidación definitiva del fondo y la administración de los bienes, garantizando el cumplimiento de las obligaciones pendientes.