Un brutal crimen conmocionó a la ciudad de Guaymallén, Mendoza, cuando Adriana Suárez, de 40 años y bajo prisión domiciliaria, fue detenida e imputada por el asesinato de su inquilino, César Rodas, de 41 años. El hecho ocurrió el miércoles en una vivienda de la calle Adolfo Calle, donde Suárez residía junto a sus cinco hijas menores de edad.

Según la investigación, la agresión comenzó tras una acusación de intento de abuso sexual de Rodas hacia una de las hijas de Suárez. La fiscalía sostiene que la violencia se extendió durante varias horas, con golpizas, uso de un hacha, descuartizamiento y quema parcial del cuerpo en una parrilla. Parte de los restos fueron devorados por perros de la vivienda. La denuncia fue realizada por un ex cuñado de la acusada, quien recibió imágenes del crimen por WhatsApp y alertó a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron el cuerpo mutilado y detuvieron a Suárez y a su pareja, Marcelo Altamirano, mientras que un tercer hombre fue liberado tras ser considerado testigo clave.

El caso expuso graves fallas en el sistema de control de la prisión domiciliaria, ya que Suárez había violado el régimen en varias ocasiones, incluso siendo captada por Google Street View fuera de su domicilio. La medida le había sido otorgada para cuidar a sus hijas, pero los controles resultaron insuficientes. Además, se detectaron reiteradas inasistencias escolares de las menores, una señal de alerta que no fue atendida por las autoridades.

La fiscalía imputó a Suárez y Altamirano por homicidio agravado por ensañamiento, figura que prevé prisión perpetua. Las cinco hijas de la acusada fueron puestas bajo resguardo estatal y se investiga el impacto psicológico del hecho en ellas. El crimen generó fuerte conmoción social y críticas al sistema judicial y de protección infantil, evidenciando la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y control en casos de prisión domiciliaria y protección de menores.