El conflicto en la industria pesquera argentina, especialmente en la pesca de langostino, ha alcanzado niveles críticos en julio de 2025. Tras diez meses de parálisis y con 113 barcos congeladores tangoneros amarrados, la disputa entre cámaras empresarias y sindicatos de marineros ha derivado en amenazas, violencia y un impacto económico devastador para las ciudades portuarias.

La raíz del conflicto radica en la negativa de los sindicatos SOMU y SIMAPE a aceptar rebajas salariales propuestas por las empresas, que argumentan la necesidad de ajustar los convenios vigentes desde 2005 debido a la caída del precio internacional del langostino y el aumento de los costos laborales. Mientras capitanes y maquinistas aceptaron ciertas adecuaciones, los marineros, que constituyen el grueso de la tripulación, se mantienen firmes en su rechazo.

En los últimos días, la situación se agravó con amenazas de muerte dirigidas a marineros dispuestos a firmar acuerdos individuales, lo que motivó allanamientos judiciales en Chubut y la suspensión de todas las salidas programadas por motivos de seguridad. "La familia siempre está primero. Cuando se la amenaza, se toca la fibra más íntima de cada persona, vulnerando límites que no podemos ni debemos tolerar. Nos toca decir basta", expresaron las cámaras empresarias en un comunicado.

Por su parte, los sindicatos acusan a las empresas de intentar imponer condiciones laborales fuera de convenio y de realizar un lock out patronal para forzar la flexibilización. "No hay nada legal que firmar. Lo único legal es lo que firmaron las entidades sindicales", advirtió Oscar Bravo, del SOMU. Pablo Trueba, de SIMAPE, agregó: "La paritaria fue cerrada, se levantaron las medidas de fuerza y los barcos de la flota congeladora deberían estar trabajando. No hay motivo para dilatar las zarpadas ni para intentar imponer condiciones unilaterales".

El impacto de la crisis es profundo: se estima una pérdida de USD 200 millones en exportaciones y 45.000 toneladas menos pescadas respecto al año anterior. Las ciudades portuarias como Puerto Madryn y Mar del Plata ven resentida su economía local, con comercios y plantas de procesamiento en situación delicada. La falta de intervención efectiva del Estado y la escalada de violencia amenazan con que la temporada de langostino se pierda casi por completo, dejando a miles de familias sin sustento y al sector pesquero en una encrucijada histórica.