La Justicia argentina investiga a Marcelo Porcel, empresario de 51 años, por presuntos abusos cometidos contra compañeros de colegio de su hijo en el barrio Palermo Chico, Buenos Aires. La causa, que se inició a mediados de 2024, involucra denuncias de al menos siete familias y se encuentra bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50.

Según fuentes judiciales, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024, en diferentes propiedades de Porcel, incluyendo su domicilio, un departamento en Puerto Madero y oficinas de su propiedad. Las reuniones eran organizadas a través de un grupo de WhatsApp, donde Porcel, apodado “El Capitán”, invitaba a adolescentes a participar en encuentros donde se ofrecía alcohol, apuestas y premios a cambio de desafíos o permanencia en las reuniones. También se mencionan situaciones de masajes, videos y fotos de menores en situaciones comprometedoras.

El caso tomó relevancia cuando varios padres compartieron inquietudes sobre el comportamiento de sus hijos, lo que permitió identificar un patrón común en las denuncias. “Muchos chicos enfrentaron miedos y vergüenza antes de poder hablar con sus padres o amigos”, relataron familiares. Los alumnos afectados manifestaron signos de retraimiento y necesitaron acompañamiento psicológico.

Tras la denuncia, la Justicia dictó una orden de restricción que prohíbe a Porcel acercarse a menos de 300 metros de las presuntas víctimas, el colegio y el club GEBA. Además, se realizaron allanamientos en domicilios y oficinas del acusado, donde se secuestraron celulares y computadoras para peritaje. Porcel aún no fue indagado, ya que la causa sigue sumando testimonios.

El colegio Palermo Chico, por su parte, expulsó a la familia Porcel y activó los protocolos de protección, notificando a las autoridades educativas y al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En un comunicado, la institución aclaró que los hechos investigados no ocurrieron dentro del establecimiento.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y reavivó el debate sobre la protección de menores en ámbitos privados. La investigación continúa y no se descartan nuevas denuncias en el futuro.