La Justicia argentina dictó una sentencia histórica al condenar a dos exjefes del Servicio Penitenciario Federal a 25 años de prisión por su responsabilidad en la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en la cárcel de Devoto en marzo de 1978. El Tribunal Oral Federal N°5 de la ciudad de Buenos Aires consideró que los hechos constituyeron una grave violación a los derechos humanos y los calificó como delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles.

La masacre, que dejó un saldo de 65 presos muertos y 88 heridos graves, es considerada la mayor tragedia carcelaria de la historia argentina. Según el fallo, Juan Carlos Ruiz, exdirector del penal, y Horacio Martín Galíndez, exjefe de Seguridad Interna, fueron responsables de torturas seguidas de muerte y tormentos reiterados. El tercer imputado, Gregorio Zerda, fue absuelto, aunque la querella anunció que apelará esta decisión.

El episodio se desencadenó tras una discusión por el uso del televisor en el pabellón y una requisa violenta en la madrugada del 14 de marzo de 1978. Los penitenciarios reprimieron brutalmente a los internos, provocando un incendio y cerrando las puertas, lo que impidió la evacuación. Los sobrevivientes relataron escenas de caos, violencia y la negativa de los guardias a permitir el ingreso de bomberos, lo que agravó la tragedia.

Durante décadas, el caso fue presentado como un "motín" y permaneció silenciado, lo que sumó dolor a las familias de las víctimas. La reapertura de la causa en 2013 y su calificación como delito de lesa humanidad en 2014 permitieron que los sobrevivientes finalmente fueran escuchados en un juicio oral y público.

La sentencia fue recibida con alivio y emoción por familiares y sobrevivientes, quienes destacaron el valor simbólico y reparador del fallo. "Ahora mis compañeros pueden descansar en paz. Justicia y no olvido por todos ellos", expresó uno de los sobrevivientes. La abogada querellante, Claudia Cesaroni, subrayó la importancia de la memoria y la lucha contra la impunidad. Figuras como el músico Indio Solari también manifestaron su apoyo a la búsqueda de justicia y reparación simbólica.

El fallo marca un precedente en la lucha por los derechos humanos en Argentina y reaviva el debate sobre las condiciones carcelarias y la memoria histórica. Organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de mejorar las condiciones de detención en el país, recordando que la reparación debe incluir medidas para evitar que tragedias como esta se repitan.