La reciente decisión del gobierno de Santa Fe de mantener una alícuota del 9% de Ingresos Brutos para bancos, fintech y billeteras virtuales ha generado una fuerte polémica con Mercado Libre y otros actores del sector financiero. El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la medida argumentando que busca desalentar la especulación financiera y fortalecer la producción local. “En Santa Fe no premiamos la especulación financiera. Quien gana dinero prestando plata, paga como corresponde”, afirmó Pullaro en conferencia de prensa, subrayando que la política tributaria provincial prioriza el desarrollo productivo sobre la renta financiera.

La respuesta de Mercado Libre no se hizo esperar. La empresa anunció que, a partir del 8 de julio, ajustará sus comisiones para vendedores según la carga impositiva de cada provincia. Esto significa que operar en Santa Fe será más costoso que en otras jurisdicciones con menor presión fiscal, como Corrientes o Río Negro. “La adecuación de costos en nuestras plataformas es una decisión comercial que refleja las diferencias impositivas entre jurisdicciones y busca evitar que políticas tributarias provinciales regresivas perjudiquen a todos los usuarios”, señalaron voceros de la compañía.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, acusó a Mercado Libre de utilizar la suba de comisiones como excusa para discriminar precios y, además, vinculó a la empresa con la proliferación de dispositivos de Mercado Pago en operativos contra el narcotráfico, una acusación que la firma rechazó enfáticamente. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de vincular nuestra plataforma con actividades delictivas”, respondió Mercado Libre, destacando su colaboración con las autoridades y la implementación de controles y capacitaciones.

Expertos tributaristas, como Fernanda Laiún, consideran que la medida de Mercado Libre aporta transparencia al sistema impositivo, aunque advierten que la disparidad fiscal entre provincias puede afectar la competitividad y los precios finales para los consumidores. El debate pone en evidencia la histórica tensión entre modelos productivos y financieros en Argentina, así como la necesidad de mayor transparencia y equidad en la política tributaria.

La controversia continúa, con posiciones firmes de ambos lados y un impacto directo en pymes, comercios y usuarios de servicios digitales en Santa Fe. El desenlace de este conflicto podría sentar precedentes para la relación entre plataformas digitales y gobiernos provinciales en el futuro.