La investigación por la desaparición de Silvia Gloria Gallardo, ocurrida en febrero de 2014 en la localidad cordobesa de San Javier-Yacanto, dio un giro decisivo esta semana con la detención de su hija, Yamila Micaela Gallardo, y su yerno, Hugo Alberto Suárez. Ambos fueron arrestados en el centro de Córdoba capital, acusados de homicidio agravado por el vínculo y, en el caso de Suárez, también por mediar violencia de género.

Silvia Gallardo, de 34 años, fue vista por última vez el 12 de febrero de 2014. Según la investigación, debía viajar a Córdoba capital por trabajo, pero nunca llegó a abordar el colectivo. La denuncia por su desaparición fue realizada por su hermana, Analía Prado, quien desde entonces encabezó los reclamos de justicia y denunció reiteradas demoras e inacción por parte de la Justicia.

Durante estos once años, la causa estuvo marcada por cambios de fiscales, procedimientos considerados insuficientes y la falta de hallazgo del cuerpo de la víctima. La familia siempre apuntó a la pareja ahora detenida, señalando tensiones previas y episodios de violencia en el entorno familiar. Tras la desaparición, la hija y el yerno de Silvia vendieron objetos personales de la mujer y abandonaron la localidad, lo que incrementó las sospechas en su contra.

La fiscal Eugenia Ferreyra, quien tomó el caso recientemente, ordenó la detención de los sospechosos a pocos meses de la prescripción de la causa. Durante el allanamiento, la policía secuestró teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Aunque el cuerpo de Silvia Gallardo nunca fue encontrado, la fiscalía considera acreditado su fallecimiento y sostiene que existen pruebas suficientes para avanzar hacia el juicio.

El caso, que mantuvo en vilo a la comunidad de Traslasierra y movilizó a familiares y vecinos en marchas y campañas en redes sociales, podría finalmente encaminarse hacia una resolución judicial. La madre de Silvia falleció en 2022 sin conocer el destino de su hija, mientras que el Ministerio de Seguridad llegó a ofrecer una recompensa por datos sobre el paradero de la mujer. Ahora, la expectativa está puesta en el avance de la causa y en la posibilidad de que, tras más de una década, se haga justicia.