El empresario Lázaro Báez, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K", deberá regresar a una cárcel común tras la orden emitida por el Tribunal Oral Federal 4. La decisión se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena y rechazara todos los recursos presentados por la defensa de Báez, dejando firme la sentencia.

Hasta el momento, Báez cumplía arresto domiciliario en una de sus estancias en El Calafate, Santa Cruz, bajo monitoreo electrónico. Sin embargo, el juez Norberto Costabel, encargado de la ejecución de la pena, resolvió que el empresario debe ser trasladado a una unidad penitenciaria federal para cumplir el resto de su condena. Según el cómputo oficial, a Báez le restan más de seis años de prisión efectiva.

La causa, que investigó maniobras de lavado de dinero por más de 54 millones de dólares entre 2010 y 2013, es una de las más emblemáticas en la lucha contra la corrupción en la Argentina. La sentencia describe la existencia de una estructura jurídica, societaria y bancaria utilizada para canalizar y ocultar fondos de origen ilícito, principalmente a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita". El dinero era expatriado y luego reingresado al país simulando inversiones legítimas.

La defensa de Báez había solicitado que la condena se cumpliera en su domicilio, argumentando razones personales y familiares, pero el tribunal consideró que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen esa modalidad. "La sentencia condenatoria ha pasado en autoridad de cosa juzgada y corresponde continuar con el trámite de ejecución conforme lo precisado", sostuvo el juez Costabel en su resolución.

El fallo se da en un contexto de creciente presión judicial sobre causas de corrupción, incluyendo la reciente ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El regreso de Báez a prisión es interpretado por diversos sectores como un paso relevante en la aplicación de justicia en casos de corrupción de alto perfil. Se espera que la medida tenga repercusiones tanto en el ámbito político como en el judicial, en un momento de fuerte escrutinio público sobre la transparencia y el funcionamiento de las instituciones.