El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), con el objetivo de transformarla en una fuerza de investigación federal especializada en delitos complejos y crimen organizado. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, redefine la misión de la PFA, que dejará de lado funciones de patrullaje y prevención de delitos comunes para enfocarse en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales, siguiendo modelos como el FBI estadounidense y la Policía Federal de Brasil.

Entre los principales cambios, se destaca la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que centralizará las pesquisas sobre delitos complejos, narcotráfico y crimen organizado. Además, la reforma otorga a la PFA nuevas facultades, como la posibilidad de realizar tareas de vigilancia en redes sociales y espacios digitales sin necesidad de autorización judicial, así como la realización de requisas personales y detenciones en determinados casos sin orden de juez. Estas atribuciones han generado preocupación en sectores de las fuerzas federales y en la sociedad civil, que advierten sobre el riesgo de excesos y la necesidad de controles judiciales efectivos.

El decreto también declara la emergencia de la PFA por dos años, lo que permitirá la reasignación urgente de recursos, contrataciones directas y la modernización de la fuerza. El Gobierno argumenta que la medida es necesaria para revertir décadas de desinversión y enfrentar el avance del crimen organizado en el país. "Buscamos una fuerza más competente, motivada y capacitada", señala el texto oficial.

La reforma prevé cambios en el sistema de ingreso y ascensos, priorizando la formación universitaria y técnica, y una redistribución de efectivos para fortalecer la presencia en el interior del país. El DFI asumirá un rol central en la investigación criminal, reemplazando parcialmente a las superintendencias actuales y coordinando el trabajo con otras fuerzas y organismos nacionales e internacionales.

El Congreso deberá supervisar la implementación de la reforma a través de la Comisión Bicameral Permanente, y se anticipa un intenso debate sobre los límites de las nuevas facultades policiales y el control judicial. Mientras el oficialismo defiende la urgencia y modernización de la PFA, voces críticas dentro y fuera de las fuerzas advierten sobre posibles excesos y la importancia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales.