La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar el centro de la escena política argentina tras la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de su abogado, Gregorio Dalbón. La denuncia, que acusa un "hostigamiento sistemático y coordinado" contra la ex presidenta, se produce en medio de rumores sobre un inminente fallo de la Corte Suprema que podría derivar en su detención y en la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Según el escrito presentado, la aceleración de las causas judiciales contra Kirchner, especialmente tras el anuncio de su candidatura a diputada nacional, responde a una estrategia de persecución política. Dalbón sostiene que la ex mandataria enfrenta una "amenaza real e inminente de detención arbitraria por causas judiciales manifiestamente viciadas", y advierte que el caso podría sentar un precedente negativo para la democracia en América Latina.

La denuncia también subraya la existencia de al menos 12 causas penales abiertas en simultáneo contra Kirchner, muchas de ellas con supuestas irregularidades procesales y falta de pruebas. Además, se señala la utilización de estereotipos de género y la invisibilización institucional del intento de magnicidio sufrido por la ex presidenta en 2022.

En el plano político, la diputada nacional Gisela Marziotta afirmó que la persecución judicial busca proscribir a Kirchner porque "no la pueden derrotar políticamente". Marziotta comparó la situación con la vivida por Lula Da Silva en Brasil y remarcó que estos ataques fortalecen el liderazgo de la ex presidenta dentro de la oposición.

Por su parte, el exgobernador José Luis Gioja calificó la situación como una "proscrición" y cuestionó la imparcialidad de los jueces involucrados en las causas. Gioja advirtió sobre el impacto institucional de un eventual fallo adverso y llamó a defender los valores democráticos.

Desde el sindicalismo, Carlos Ortega, secretario general de Secaspfi, reclamó una respuesta contundente de la sociedad y criticó la falta de pronunciamiento de la CGT. Ortega sostuvo que, de concretarse la detención, el movimiento nacional y popular se organizará para responder.

El caso se desarrolla en un contexto de alta polarización política y en una fecha simbólica para el peronismo, al cumplirse 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo. La situación genera preocupación por sus posibles consecuencias institucionales y por el precedente que podría sentar en la región.