El Gobierno argentino ha dado un paso decisivo hacia la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), una de las empresas estatales más importantes del sector energético. Mediante el Decreto 286/2025, publicado en el Boletín Oficial, se autorizó el inicio del proceso, que comenzará con la venta del 50% de las acciones de Citelec S.A., la sociedad que controla Transener, la principal operadora de transmisión eléctrica en alta tensión del país.

La decisión se enmarca en la Ley 23.696 de Reforma del Estado y la Ley 27.742, y busca transferir la propiedad de Enarsa a través de un procedimiento escalonado. Según el decreto, el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios y las obras en curso, al tiempo que se promueve la incorporación de inversores privados. "La intervención estatal ha sido incapaz de dar una solución eficiente y rentable para el Estado Nacional", señala el texto oficial.

El proceso de venta se realizará mediante un concurso público de alcance nacional e internacional, sin otorgar preferencias a actuales accionistas ni empleados de la empresa. Esto excluye, por ejemplo, a Pampa Energía, que posee el otro 50% de Citelec. Además, se subraya la necesidad de cumplir con los límites establecidos por la Ley 24.065, que impide que una misma empresa sea generadora y transportadora de energía eléctrica, para evitar una integración vertical del sistema.

Durante 2023, el Estado transfirió a Enarsa más de 1,2 billones de pesos, una cifra que, según el Gobierno, evidencia la ineficiencia del modelo actual de gestión pública. En este contexto, la privatización se presenta como una solución para reducir la carga fiscal y mejorar la competitividad de la empresa.

La venta de Citelec es solo el primer paso de un plan más amplio que incluye la enajenación progresiva de otras unidades de negocio de Enarsa, como las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín, el Gasoducto Perito Moreno y las represas hidroeléctricas en construcción en Santa Cruz. Actualmente, Enarsa participa en 17 unidades operativas, pero el Ejecutivo busca reducir su función a segmentos específicos como el Gas Natural Licuado y la comercialización de gas.

El Ministerio de Economía, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas", será responsable de llevar adelante el proceso, dictando las disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente. La próxima Revisión Quinquenal de Tarifas, que establecerá los aumentos autorizados para los próximos cinco años, podría generar condiciones atractivas para los potenciales inversores.

La privatización de Enarsa ha generado reacciones divididas. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para mejorar la eficiencia y atraer inversión privada, críticos argumentan que representa una "entrega" de activos estratégicos. En cualquier caso, la decisión marca un cambio significativo en la política energética argentina, con implicaciones que aún están por definirse.