El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó autorización judicial para visitar a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio de Constitución, en Buenos Aires. La petición fue presentada por el abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal N°2, que impuso restricciones a las visitas de la exmandataria, limitándolas a una lista preaprobada de familiares, abogados y médicos.

La solicitud de Lula da Silva coincide con su visita a la Argentina para participar en la cumbre del Mercosur, donde asumirá la presidencia pro témpore del bloque. Según fuentes judiciales, la decisión sobre la autorización de la visita se tomará en las próximas horas, aunque la fecha y modalidad se mantienen en reserva para evitar aglomeraciones.

La defensa de Cristina Kirchner argumenta que las restricciones impuestas por el tribunal vulneran su derecho a la vida social y política, especialmente considerando su rol como presidenta del Partido Justicialista. Además, han apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal tanto las limitaciones de visitas como la obligación de portar una tobillera electrónica. La audiencia para tratar estas apelaciones, así como la presentada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes insisten en que Kirchner debe cumplir su condena en una cárcel común, está prevista para el 7 de julio.

Lula da Silva, quien fue visitado por dirigentes argentinos durante su propia detención en Brasil, expresó recientemente su solidaridad con Kirchner tras la ratificación de su condena. "Mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes, sino a que somos personas", declaró el mandatario brasileño.

El caso de Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, ha generado un intenso debate en la sociedad argentina sobre los derechos de los condenados y la relación entre la política y la justicia. Otros implicados en la causa, como Nelson Periotti, también han recibido prisión domiciliaria por razones de salud, mientras que la situación de otros condenados sigue pendiente de resolución.