Varias líneas de colectivos urbanos de la ciudad de Córdoba, operadas por el Grupo FAM, suspendieron su servicio el domingo 8 de marzo debido a la desaparición de las llaves de los vehículos. La interrupción afectó a los corredores 2, 5, 7 y a las líneas 600 y 601, dejando a miles de usuarios sin transporte en distintos sectores de la ciudad.

La empresa Grupo FAM denunció públicamente haber sido víctima de un sabotaje, señalando que la falta de llaves y la desconexión de equipos técnicos imposibilitaron la salida de las unidades. "Momentáneamente se nos imposibilita prestar el servicio. Se investigan los alcances y trabajamos en la solución", comunicó la firma a través de sus canales oficiales.

Desde la Municipalidad de Córdoba, el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, calificó el hecho como "insólito, inédito y grave" y anunció la presentación de una denuncia penal ante la Justicia. "Es un sabotaje directo contra los cordobeses. No vamos a ser rehenes de intereses oscuros que utilicen el servicio público como moneda de cambio", afirmó Fernández, quien también aseguró que se aplicarán las sanciones más severas previstas en el marco regulatorio.

El gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que los choferes se presentaron a trabajar, pero no pudieron operar los colectivos por la falta de llaves. El secretario gremial, Adrián Campos, descartó la participación de los trabajadores en el hecho y pidió que se esclarezca la situación.

Mientras tanto, otras empresas de transporte urbano, como Coniferal y SiBus, continuaron prestando servicio con normalidad. El municipio y la empresa afectada trabajan para restablecer el servicio lo antes posible, en un contexto de tensión y dificultades operativas para el sistema de transporte público de la ciudad.

El incidente ocurre en medio de un debate sobre la modernización y el financiamiento del transporte urbano, y ha generado preocupación por el impacto en los usuarios y la posibilidad de que existan intereses políticos detrás del hecho. Las autoridades insisten en la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.