El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por autorizar, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el ingreso de tropas estadounidenses para la realización de ejercicios militares en territorio argentino, sin la aprobación previa del Congreso. La denuncia, presentada por el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) y patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, también involucra a otros funcionarios del Poder Ejecutivo y recayó en el Juzgado Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Según la presentación judicial, más de 350 militares estadounidenses participaron en los ejercicios "Daga Atlántica" y "Passex" durante 42 días en bases de Buenos Aires, Córdoba y frente a las costas de Mar del Plata. Entre las maniobras, se destacó la presencia del portaaviones USS Nimitz, que realizó operativos conjuntos con la Armada Argentina. El presidente Milei incluso visitó el portaaviones y participó de una jornada de entrenamiento junto a autoridades militares de ambos países.

El Gobierno nacional defendió la decisión, argumentando la importancia estratégica de la cooperación bilateral en materia de defensa. Sin embargo, los denunciantes sostienen que el problema radica en el procedimiento utilizado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, ya que la Constitución Nacional establece que dicha facultad corresponde al Congreso y no puede ser reemplazada por un DNU, salvo en circunstancias excepcionales que, según la denuncia, no se dieron en este caso.

La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El caso reavivó el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo en materia de defensa y la necesidad de control parlamentario sobre decisiones sensibles para la soberanía nacional. Mientras la oposición acusa a Milei de violar la Constitución y de una supuesta subordinación militar a intereses extranjeros, el oficialismo insiste en la legitimidad y el valor estratégico de la cooperación con Estados Unidos. El expediente judicial deberá determinar si el mecanismo elegido por el Gobierno respetó los límites constitucionales o si avanzó sobre atribuciones reservadas al Poder Legislativo.