El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) avanzan en una investigación sobre una presunta estafa millonaria con la compra de dólares oficiales durante los años 2022 y 2023, en plena vigencia del cepo cambiario. El caso involucra a bancos, casas de cambio y financieras, con operaciones que superan los 1.500 millones de dólares y podrían alcanzar hasta 5.000 millones si se suman maniobras con importaciones ficticias.

La operatoria bajo sospecha consistía en adquirir dólares al valor oficial, visiblemente retrasado por el cepo, y revenderlos en el mercado paralelo, aprovechando la brecha cambiaria que llegó al 80%. Según los sumarios abiertos por el BCRA, se detectaron transferencias entre bancos, agencias de cambio y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes recibieron préstamos de hasta 300.000 dólares retirados en efectivo. La pérdida de trazabilidad de los fondos y la participación de prestanombres complican el seguimiento de las operaciones.

Entre los principales imputados figuran Elías Picirillo, conocido como el "Rey del Blue", y Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, ambos vinculados a maniobras de lavado de dinero y fraude cambiario. La investigación judicial, que tramita en el juzgado de María Romilda Servini, incluye allanamientos y la suspensión de casas de cambio por parte del BCRA. Además, se analiza la posible participación de funcionarios de la Secretaría de Comercio y la DGI en la autorización de importaciones ficticias por miles de millones de dólares.

El contexto de la investigación revela que, mientras la economía argentina enfrentaba una grave escasez de dólares para insumos médicos e industriales, grandes sumas se desviaban al mercado informal. La causa ha generado controversia política, con exfuncionarios defendiendo la gestión y medios críticos señalando la falta de controles y la permisividad del gobierno anterior. El BCRA busca aportar pruebas adicionales y fortalecer los controles para evitar nuevas maniobras especulativas.

En las próximas semanas se esperan nuevas declaraciones testimoniales y requerimientos judiciales, mientras la investigación podría destapar una red de lavado de activos y conexiones entre entidades financieras y dirigentes políticos. El caso pone en foco la transparencia y la solidez del sistema financiero argentino, en un contexto de alta sensibilidad económica y política.