El empresario de la aviación Sergio Mastropietro, considerado una pieza clave en la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), logró evitar la incautación de su teléfono celular durante un procedimiento judicial en el Aeroparque Jorge Newbery. La orden, emitida por el juez Sebastián Casanello, instruía a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Dirección de Migraciones a requisar los dispositivos electrónicos de Mastropietro a su llegada desde Miami. Sin embargo, una serie de demoras y descoordinaciones permitió que el empresario se deshiciera del aparato antes de ser interceptado.

Según fuentes judiciales, Mastropietro viajó en un vuelo privado que realizó una parada inesperada en Tucumán, donde efectuó una llamada telefónica cuyo destinatario aún no ha sido identificado. Al arribar a Buenos Aires, los agentes encargados del operativo no ejecutaron la requisa de inmediato, lo que permitió que Mastropietro abandonara el aeropuerto sin ser revisado. Posteriormente, al ser alcanzado por los agentes, el empresario alegó que había dejado el celular en otro lugar y que este había desaparecido, una explicación que los funcionarios consideraron poco creíble.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y la PSA ofrecieron versiones diferentes sobre la responsabilidad en la falla del operativo. Mientras tanto, la Justicia evalúa la posibilidad de presentar una denuncia formal por la pérdida de una prueba clave en la causa.

La investigación sobre la Andis ha revelado un presunto sistema de direccionamiento de compras, licitaciones armadas y retornos sistemáticos, en el que Mastropietro habría actuado como receptor y legitimador de fondos irregulares. El empresario mantiene vínculos con figuras como Fred Machado y Miguel Ángel Calvete, y su relación con empresas como Baires Fly ha sido central en la reconstrucción del circuito financiero investigado.

El episodio se suma a otros recientes que ponen en duda la efectividad de los controles en vuelos privados y la posible complicidad de actores estatales. La causa sigue abierta y se esperan nuevas medidas judiciales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.