El Senado de la provincia de Salta aprobó la continuidad de María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo como juezas de la Corte de Justicia, en una sesión marcada por la controversia jurídica y política. La decisión se tomó tras un proceso participativo que incluyó la publicación de antecedentes, apertura a observaciones ciudadanas y opiniones institucionales, y fue respaldada por la mayoría de los legisladores, con la única oposición del senador Roque Cornejo Avellaneda.

La aprobación de los pliegos se produjo en un contexto de fuerte debate sobre la interpretación de la reforma constitucional de 2021, que estableció que los jueces de la Corte duran diez años en sus funciones y no pueden ser nombrados nuevamente. El diputado provincial Guillermo Durand Cornejo presentó dos acciones judiciales para frenar las redesignaciones, argumentando que la prohibición de reelección debe aplicarse de inmediato y que permitir la continuidad de las magistradas contradice la Constitución reformada.

Durante las entrevistas ante la Comisión de Justicia, Gauffin destacó la importancia de mejorar el acceso a la justicia en zonas alejadas y propuso el uso de herramientas tecnológicas y la reformulación del rol de los jueces de paz. Rodríguez Faraldo, por su parte, subrayó la necesidad de fortalecer la prevención de problemáticas sociales y el trabajo conjunto entre los poderes del Estado.

Las acciones judiciales incluyen una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos del Poder Ejecutivo que impulsaron los nombramientos y una acción preventiva de daños, advirtiendo sobre el riesgo de comprometer la validez de futuras decisiones judiciales. El planteo sostiene que la falta de cláusulas transitorias en la reforma obliga a aplicar la prohibición de reelección de manera inmediata, sin distinción entre jueces actuales y futuros.

El proceso de aprobación de los pliegos fue acompañado por opiniones favorables de referentes judiciales y asociaciones, así como por la ausencia de observaciones fundadas en el procedimiento participativo. Sin embargo, la controversia jurídica persiste y no se descarta que el conflicto escale a instancias superiores si no se resuelve en el ámbito local.

La situación pone en el centro del debate la interpretación de la reforma constitucional y la estabilidad institucional del máximo tribunal de la provincia, con posibles implicancias para la validez de futuras decisiones judiciales y el funcionamiento del sistema de justicia en Salta.