El Gobierno nacional dispuso un adelanto de coparticipación de $400.000 millones para 12 provincias argentinas, en un intento por paliar la crisis fiscal que atraviesan varios distritos y evitar posibles conflictos sociales. La medida, oficializada por decreto el 6 de abril de 2026, establece que los fondos deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa de interés nominal anual del 15%.

Las provincias beneficiadas son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El monto que recibirá cada jurisdicción será determinado por la Secretaría de Hacienda, en función de su participación en la recaudación de impuestos nacionales y su capacidad de repago. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tres provincias más pobladas, quedaron excluidas del beneficio.

El decreto otorga amplias facultades a la Secretaría de Hacienda para definir el esquema de desembolsos, las condiciones de cancelación y la firma de acuerdos específicos con cada provincia. La devolución de los fondos se realizará mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación futura, lo que condiciona las finanzas provinciales en el corto y mediano plazo.

La decisión del Gobierno se da en un contexto de caída real de los recursos transferidos a las provincias, que sufrieron una baja del 4,3% interanual ajustada por inflación, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. La persistencia de la inflación y la merma en la recaudación de impuestos como Ganancias e IVA han agravado la situación fiscal de los distritos.

La inclusión de La Rioja y Tierra del Fuego, provincias con graves dificultades para pagar salarios, responde a la preocupación oficial por evitar la emisión de cuasimonedas y el surgimiento de conflictos sociales. El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió sobre el impacto negativo que tendría una crisis provincial en la imagen del Gobierno nacional y en la percepción de la estabilidad macroeconómica.

En paralelo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, reclamó una revisión del esquema de coparticipación para introducir incentivos al desarrollo privado y mejorar la competitividad de las provincias. El debate sobre la distribución de recursos entre Nación y provincias se intensifica en el Congreso, donde el oficialismo busca apoyo para avanzar con reformas estructurales.

El auxilio financiero representa un alivio temporal para las provincias, pero implica un compromiso de devolución que podría tensionar aún más sus cuentas en el futuro. La medida refleja la compleja situación fiscal que enfrenta el país y la necesidad de consensuar soluciones de fondo para el federalismo fiscal argentino.