La Justicia de Chubut investiga una denuncia presentada por José Severiche, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, quien afirmó que empresarios y exfuncionarios provinciales le ofrecieron dinero para impedir el inicio del ciclo lectivo en la provincia. El caso involucra a Gonzalo Carpintero, exfuncionario con antecedentes de corrupción, y a empresarios locales.

Según el testimonio de Severiche, el empresario Ricardo Traversini lo contactó para concertar una reunión con Carpintero. En el encuentro, realizado en una oficina de Trelew compartida por Carpintero y el empresario pesquero Raúl Cereseto, se le habría solicitado que "genere conflicto con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero". Severiche declaró que se le prometió una "retribución económica" y futuras paritarias como compensación si accedía al pedido.

El sindicalista rechazó la propuesta y acudió a la Justicia, entregando su celular como prueba. La fiscal Julieta Gamarra, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dispuso la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en colaboración con la División de Investigaciones Policiales de Trelew. Con los elementos reunidos, se realizaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría concretado la reunión, secuestrando teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Fuentes del gobierno provincial señalaron que el trasfondo del conflicto estaría vinculado a intereses económicos: evitar el pago de impuestos adeudados, estimados en alrededor de $1.200 millones, frenar el aumento del canon pesquero y bloquear el eventual envío de un proyecto de "Ley de Ficha Limpia para la Pesca" que el Ejecutivo analiza presentar en la Legislatura.

La causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sujeta a revisión a medida que se incorporen nuevas pruebas. Severiche expresó preocupación por su seguridad y la de su familia, y destacó que su accionar responde a convicciones personales y sindicales. El caso ha generado repercusión en la provincia y se espera que la investigación avance en los próximos días, con posibles implicaciones políticas y judiciales.