Un empleado municipal de Concordia, Entre Ríos, fue cesanteado luego de que una investigación interna comprobara que acumuló más de 50 inasistencias injustificadas en menos de dos meses y que, durante el horario laboral, atendía una peluquería en pleno centro de la ciudad. Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana y anteriormente había sido asesor en el Concejo Deliberante, fue descubierto por inspectores municipales trabajando en la peluquería sobre la calle Santa María de Oro, en el horario en que debía cumplir funciones para el municipio.

La pesquisa, llevada adelante por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, determinó que las ausencias de Gutiérrez, registradas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025, carecían de justificación médica o documental. Según consta en el expediente, el propio empleado admitía ante sus clientes que debía estar trabajando para la Municipalidad en ese momento. Con las pruebas reunidas, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicar la sanción de cesantía, prevista en la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49, y notificó formalmente la decisión tanto al trabajador como a su defensa técnica.

El caso de Gutiérrez no es aislado. En las últimas semanas, la Municipalidad de Concordia inició sumarios administrativos contra otros empleados por situaciones similares, incluyendo un agente del área de Cementerios que acumuló 70 inasistencias injustificadas y cuatro empleados condenados por peculado de servicios tras utilizar recursos municipales para fines personales. Las autoridades remarcaron que estas medidas forman parte de una política de fortalecimiento de los controles internos y de garantía del uso responsable de los recursos públicos.

Desde la gestión municipal se enfatizó que no habrá tolerancia ante incumplimientos que perjudiquen a los contribuyentes y que se continuará con la investigación de otros casos. El episodio ha reavivado el debate sobre la eficacia de los mecanismos de control en el empleo público y la necesidad de reforzar la transparencia y la ética en la administración estatal.