El servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta estuvo a punto de ser suspendido este jueves debido a una deuda millonaria que la empresa Saeta mantiene con los prestadores del transporte público. La medida, que iba a afectar a miles de usuarios entre las 23 y las 5 de la mañana, fue anunciada por los empresarios del sector, quienes denunciaron que solo se había cubierto el 45% de los pagos correspondientes a combustible, kilómetros recorridos y premios, acumulando una deuda superior a los 9.000 millones de pesos, equivalente al 60% del costo del servicio de julio ya prestado.

La situación generó preocupación entre trabajadores, estudiantes y personal de salud, principales afectados por la posible suspensión. Los empresarios advirtieron que, de no encontrar una solución, podrían recortar aún más el horario de funcionamiento en los próximos días, dejando de circular desde las 20 o 21 horas.

Sin embargo, la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz permitió destrabar el conflicto. Tras una reunión con representantes de las empresas y áreas del gobierno provincial, se arribó a un acuerdo que garantizó la continuidad del servicio nocturno. Claudio Mohr, titular de Saeta, confirmó que se revisaron los números y las cuentas, y se comprometió a trabajar para que los acuerdos perduren y el servicio habitual se mantenga para los usuarios. "Podemos darle tranquilidad a la gente porque el servicio será normal", aseguró Mohr.

El conflicto se originó por la falta de transferencia de fondos del Ministerio de Economía de la Provincia, situación agravada por el recorte de subsidios nacionales y la caída de la recaudación. Mohr explicó que la empresa prioriza el funcionamiento del sistema y el pago de cargas sociales, pero lamentó la disparidad en el financiamiento respecto a otras jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aunque la medida de fuerza fue levantada y el servicio continuará con normalidad, las negociaciones para resolver la deuda siguen abiertas. Los empresarios insisten en que la capacidad de financiar la actividad está al borde del colapso y advierten sobre posibles nuevas restricciones si no se concreta el pago de los fondos adeudados. El conflicto pone en evidencia los desafíos estructurales del transporte público en Salta y la necesidad de soluciones sostenibles para evitar futuras interrupciones.