El Gobierno nacional ha puesto en marcha un ambicioso plan de reforma electoral que busca transformar el sistema político argentino de cara a las elecciones de 2027. El presidente Javier Milei anunció durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que enviará un paquete de 90 proyectos legislativos, entre los que destaca la reforma electoral, considerada prioritaria por la Casa Rosada.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación de la Boleta Única de Papel (BUP) para permitir el voto por lista completa y el endurecimiento de los requisitos para la presentación de candidaturas y partidos políticos. Además, el Gobierno evalúa cambios en el financiamiento partidario, incluyendo la posibilidad de habilitar aportes privados bajo mecanismos de control y transparencia.

El oficialismo sostiene que estas reformas buscan simplificar la oferta electoral, reducir la fragmentación política y fortalecer el arrastre electoral de la figura presidencial hacia las listas legislativas. "La política debe estar al servicio de la sociedad. Por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados", afirmó Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencias tanto en el Congreso como entre los gobernadores provinciales. La eliminación de las PASO, en particular, genera divisiones incluso dentro del propio oficialismo, donde algunos sectores proponen convertirlas en optativas en lugar de obligatorias. La coordinación del calendario electoral entre nación y provincias también es motivo de debate, ya que muchos distritos prefieren mantener la autonomía sobre sus comicios.

La reforma también contempla elevar el piso de representación y la cantidad de avales necesarios para competir en elecciones nacionales, lo que podría dificultar la participación de partidos pequeños o emergentes. Desde la oposición y organizaciones políticas advierten sobre el riesgo de concentración de poder y la posible reducción de la pluralidad política.

El debate sobre la reforma electoral se inscribe en un contexto de creciente fragmentación partidaria y cuestionamientos al financiamiento de la política. El Gobierno apuesta a que, con una mayor representación en el Congreso y el apoyo de aliados, esta vez la reforma pueda ser aprobada. No obstante, el desenlace dependerá de intensas negociaciones y del consenso que logre construir en el ámbito legislativo y federal.