En el segundo aniversario de la presidencia de Javier Milei, la política argentina se ve sacudida por un nuevo escándalo de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación judicial, encabezada por el fiscal Franco Picardi, apunta a un presunto esquema de desvío de fondos públicos, sobreprecios y pagos ilegales en la compra de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia, se encuentra en el centro de la causa, junto a otros funcionarios y empresarios, mientras que Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, es mencionada como posible receptora de retornos.

Según la fiscalía, el mecanismo habría implicado porcentajes fijos de coimas sobre los contratos adjudicados, con sumas millonarias desviadas de los fondos estatales. Spagnuolo se presentó a declarar ante el juez Sebastián Casanello, pero se negó a responder preguntas, mientras otros implicados, como Miguel Ángel Calvete, también evitaron declarar. La causa se apoya en audios filtrados y documentación incautada, que señalan la existencia de una red de favores y contactos entre funcionarios y operadores privados.

El presidente Milei, consultado sobre el caso, expresó: "Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz". Milei defendió la transparencia de su gestión y denunció motivaciones políticas detrás de las acusaciones, señalando la complicidad de los medios y el uso de la causa para perjudicar al gobierno en el contexto electoral. "Lamentablemente, la política tiene esa mugre", afirmó en una entrevista radial, desligando a su administración de las irregularidades y destacando la independencia judicial.

El escándalo de ANDIS se suma a otros episodios recientes, como la criptoestafa de $LIBRA y el financiamiento político vinculado a Fred Machado y José Luis Espert, que han puesto en cuestión el modelo de gestión libertario y la relación entre lo público y lo privado. Mientras la justicia avanza en la investigación, el gobierno resalta sus logros económicos y acuerdos internacionales, pero enfrenta crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas.

La causa sigue abierta y podría tener implicaciones políticas y judiciales de largo alcance, en un contexto de alta polarización y debate sobre la ética en la función pública.