La inminente asunción de Lorena Villaverde como senadora nacional por Río Negro ha desatado una intensa disputa política en el Senado argentino. Villaverde, electa por La Libertad Avanza, enfrenta impugnaciones impulsadas principalmente por el peronismo, que la acusa de mantener vínculos con el narcotráfico y de haber tenido antecedentes judiciales en Estados Unidos. Sin embargo, tanto el oficialismo como registros oficiales sostienen que la dirigente no posee condenas penales ni causas abiertas en la actualidad.

La controversia se intensificó tras el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recomendó rechazar su pliego. No obstante, la decisión final recae en el pleno del Senado, que votará el próximo viernes. Según el reglamento, Villaverde no podrá participar en la votación sobre su propio ingreso. En caso de rechazo, la senadora electa podría judicializar el caso o renunciar, permitiendo que su suplente asuma la banca.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y futura presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, defendió públicamente a Villaverde. "No tiene ninguna causa, su certificado de antecedentes la pone en el lugar de los inocentes", afirmó Bullrich, quien calificó la impugnación como una maniobra política. "Para poder ser expulsadas de un cuerpo las personas tienen que tener una condena. Hay mucho ruido y pocas nueces", agregó.

El caso de Villaverde revive debates históricos en el Congreso sobre la ética y la legalidad en el acceso a cargos públicos. Casos emblemáticos como los de Antonio Bussi y Luis Patti, ambos impedidos de asumir por antecedentes judiciales graves, marcan precedentes en la materia. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que solo una condena firme puede impedir la asunción de un legislador electo.

Mientras el oficialismo y parte del PRO respaldan la asunción de Villaverde, la oposición peronista advierte que permitir su ingreso sería abrir la puerta al crimen organizado en el Senado. El desenlace de la votación del viernes será clave para definir no solo el futuro de Villaverde, sino también los criterios éticos y legales que regirán el acceso a cargos legislativos en la Argentina.