En Misiones, Argentina, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha habilitado el voto de cerca de 16,000 miembros de las fuerzas de seguridad y defensa en las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. Esta decisión marca un giro significativo en la interpretación del artículo 48 de la Constitución Provincial, que prohíbe el sufragio de soldados y agentes de seguridad.

El conflicto comenzó cuando el Tribunal Electoral, amparándose en el artículo 48, excluyó a los efectivos del padrón electoral. Sin embargo, el gobernador Hugo Passalacqua y el Procurador General Carlos Giménez impulsaron un recurso que llevó al STJ a declarar inaplicable esta prohibición. Según Giménez, la medida afecta principios constitucionales como la igualdad ante la ley y el derecho al voto.

El artículo 48, redactado en un contexto histórico de pos-Revolución Libertadora, ha sido objeto de críticas por su desactualización y su incompatibilidad con normativas nacionales e internacionales. En elecciones anteriores, el STJ ya había habilitado el voto de las fuerzas, aunque sin resultados permanentes.

La resolución ha generado diversas reacciones. Desde La Libertad Avanza, su candidato Diego Hartfield celebró la decisión como un triunfo de sus gestiones legales. Por otro lado, el oficialismo provincial, liderado por Passalacqua, también respaldó la medida, aunque inicialmente se asumió que apoyaban la exclusión.

El debate sobre el artículo 48 refleja tensiones entre la tradición constitucional y la necesidad de adaptarse a principios democráticos modernos. La habilitación del voto para las fuerzas de seguridad y defensa es vista como un paso hacia la consolidación de derechos democráticos en la provincia.

El próximo 8 de junio, los ciudadanos misioneros acudirán a las urnas para elegir 20 nuevos diputados provinciales, concejales en 10 localidades y un Defensor del Pueblo en Oberá. La participación de las fuerzas de seguridad añade un nuevo elemento a unas elecciones que ya prometen ser altamente competitivas.