El fallecimiento de María Belén Genga, quien permanecía en estado vegetativo desde el trágico choque frontal de dos colectivos de la empresa Monticas en 2017, reabrió el debate sobre la seguridad vial y la respuesta judicial ante uno de los peores siniestros de la región. Genga, oriunda de San José de la Esquina, murió tras más de nueve años de secuelas irreversibles, luego de haber sufrido múltiples traumatismos en el accidente ocurrido el 24 de febrero de 2017 en el kilómetro 779 de la ruta nacional 33, entre Pérez y Zavalla.

El siniestro, que dejó un saldo de 13 muertos y más de 30 heridos, expuso graves falencias en el transporte interurbano. Informes de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) revelaron que Monticas acumulaba cientos de actas de infracción por problemas en neumáticos, frenos y mantenimiento general, y se había sugerido la caducidad de la concesión antes del accidente. "La falta de respuestas a las llamadas de la persona que la esperaba alertó a su círculo íntimo sobre la posibilidad de que viajara en uno de los vehículos siniestrados", relataron allegados a la víctima.

Tras el impacto, Genga fue ingresada en estado crítico y, aunque sobrevivió, quedó postrada en su domicilio bajo cuidados complejos. Su familia enfrentó años de lucha burocrática y judicial para sostener la atención médica, incluyendo reclamos públicos por la discontinuidad de partidas estatales y litigios para que las prestadoras de salud y la aseguradora cubrieran los costos.

En diciembre de 2024, la Justicia santafesina cerró la causa penal mediante la aprobación de una suspensión de juicio a prueba (probation) para los diez imputados de la empresa, quienes debieron realizar donaciones a ONGs, resarcimientos económicos y quedaron inhabilitados temporalmente para ejercer cargos en el transporte. La decisión generó críticas entre familiares y organizaciones, que consideraron insuficientes las sanciones y denunciaron la falta de justicia efectiva.

El caso Monticas sigue siendo un símbolo de las deficiencias en la regulación y control del transporte público, así como de los desafíos que enfrentan las víctimas y sus familias para acceder a justicia y atención adecuada.