El conflicto gremial en el Poder Judicial de Córdoba ha alcanzado un punto crítico, llevando al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a implementar medidas de seguridad extremas en el edificio de Tribunales I. Todas las puertas de acceso al edificio permanecen cerradas, permitiendo el ingreso únicamente por el estacionamiento, bajo estricta vigilancia policial. Esta decisión se produce en el marco de un paro de 38 horas convocado por los trabajadores judiciales, quienes exigen una mejora salarial inmediata del 50% y la equiparación de sus sueldos con los de la Justicia Federal.

El conflicto tiene raíces en un acuerdo salarial previo que no cumplió con las expectativas de los trabajadores. Aunque el TSJ había prometido una reestructuración escalafonaria que beneficiaría a más de 5.000 empleados, los gremios consideran que las medidas son insuficientes. La situación se ha complicado aún más con la decisión del TSJ de descontar los días de paro y restringir las asambleas, lo que ha sido duramente criticado por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).

El impacto del paro ha sido significativo, afectando la tramitación de procesos judiciales en toda la provincia. El Colegio de Abogados de Córdoba expresó su preocupación por la situación y exhortó a las partes a encontrar una solución que contemple tanto los derechos de los trabajadores como la necesidad de mantener el servicio de justicia. "Es fundamental para todos los ciudadanos", afirmó Eduardo Bittar, presidente del Colegio.

En el plano político, el gobernador Martín Llaryora enfrenta presiones para mediar en el conflicto. La situación también ha puesto en evidencia divisiones internas en el TSJ, con sectores alineados con el exgobernador Juan Schiaretti y otros más cercanos a Llaryora. Estas tensiones complican aún más la resolución del conflicto y podrían tener implicaciones en la relación entre el poder judicial y el gobierno provincial.

El conflicto se enmarca en un contexto más amplio de demandas salariales en otros sectores estatales de Córdoba, exacerbadas por la inflación acumulada. Mientras tanto, el gobierno provincial intenta avanzar con su plan de gestión en seguridad y justicia, que requiere la plena disposición de los recursos del Poder Judicial. Sin embargo, la continuidad del conflicto amenaza con paralizar aún más el sistema judicial y generar mayores tensiones en el ámbito político y social.