Un ex agente de la Policía Federal Argentina fue detenido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, tras ser acusado de usurpar la identidad del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone. Según la investigación judicial, el ex policía utilizó la imagen y el nombre del magistrado para presionar al juez Gustavo Fresneda, titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes, con el objetivo de gestionar traslados de policías provinciales y la liberación de un detenido en una causa de drogas.

La maniobra comenzó a fines de septiembre de 2025, cuando el acusado contactó a Fresneda a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, empleando una foto de perfil de Petrone obtenida de internet. En las comunicaciones, el falso juez ofrecía su "influencia" para intervenir en la subrogación del magistrado y exigía la revocación de una prisión domiciliaria. El lenguaje utilizado, incluyendo amenazas como "voy a cortar cabezas", generó sospechas en Fresneda, quien finalmente se comunicó con el verdadero Petrone y denunció el hecho ante la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal.

Las escuchas telefónicas y el análisis de pruebas digitales permitieron confirmar la operatoria del ex policía, quien habría cobrado sumas de dinero por los traslados: $200.000 y $300.000, además de reclamar otros pagos. El dinero fue transferido a cuentas vinculadas a terceros, con intermediarios entre los policías involucrados. El segundo traslado solicitado por el impostor no prosperó debido a la negativa de las autoridades policiales.

Durante el allanamiento en el domicilio del acusado, los efectivos secuestraron celulares, chips telefónicos, anotaciones y una pistola Bersa calibre .380 con municiones, para la cual no contaba con autorización legal. El ex policía, identificado como Gustavo Omar de los Santos, tiene antecedentes por estafa y por usurpar la identidad de otros funcionarios públicos.

En la indagatoria, el acusado se negó a declarar pero pidió disculpas por los "inconvenientes ocasionados". El caso ha generado preocupación en el ámbito judicial y policial, evidenciando vulnerabilidades en los controles de identidad y la seguridad institucional. Las autoridades han reforzado los mecanismos de verificación y comunicación para evitar futuras maniobras similares. El proceso judicial continúa, mientras el acusado permanece bajo prisión domiciliaria por razones de salud.