La muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, conmocionó a la sociedad chubutense y puso en el centro del debate la situación del sistema judicial local. El caso, que involucra a la madre y el padrastro del menor, actualmente detenidos preventivamente, derivó en una controversia sobre la habilitación profesional del abogado Roberto Castillo, representante del padre de la víctima.

La polémica surgió cuando los Colegios Públicos de Abogados de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn advirtieron que Castillo no estaba matriculado en la provincia, condición indispensable para ejercer según la Ley XIII N° 11. "Esta persona no tiene matrícula para actuar en la provincia. No puede hacer presentaciones judiciales, acceder a expedientes ni participar de audiencias como representante", declaró Pedro Ferreira Taviansky, presidente del Colegio de Comodoro, a medios locales. El Colegio de Puerto Madryn emitió un comunicado similar, recordando que ejercer sin matrícula habilitante podría constituir un delito penal.

Castillo respondió a través de redes sociales y medios, asegurando que sí estaba habilitado y acusando a los colegios de intentar silenciar a la familia de Ángel. "La burocracia no debiera estar por encima de la humanidad, pero evidentemente tiene intereses creados el presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia", sostuvo el letrado.

La situación se resolvió finalmente cuando el Colegio Público de Abogados de Trelew confirmó la matriculación de Castillo, permitiéndole intervenir formalmente en la causa. "La realidad es que yo le tomé la matrícula hoy", afirmó Agustín Baroni, presidente de la entidad, quien explicó que el trámite se realizó de manera virtual y que Castillo deberá presentar la documentación original en el plazo de una semana.

El caso de Ángel López también reavivó críticas históricas al funcionamiento del fuero de familia en Comodoro Rivadavia. Abogados y familiares denuncian demoras de hasta 60 días en causas sensibles y falta de recursos humanos, lo que afecta especialmente a niños y grupos vulnerables. "Seguimos teniendo demoras de hasta 60 días, o mucho más, en situaciones que son realmente extremas", advirtió Adriana Avila Torrente, referente del Colegio de Abogados local.

La repercusión mediática y la presión social han marcado la agenda judicial en la ciudad, donde la comunidad exige respuestas y mayor eficiencia. El desenlace de la causa y la actuación de Castillo serán seguidos de cerca, en un contexto de creciente demanda de transparencia y justicia en Chubut.