Un histórico edificio ubicado en Corrientes al 400, en pleno centro de Rosario, podría ser demolido tras años de abandono y deterioro. El inmueble, construido en 1912 y lindero al ex cine Imperial, fue declarado en estado de ruina por informes técnicos que advierten sobre el riesgo de derrumbe y la imposibilidad de recuperación económica. El Ejecutivo municipal envió al Concejo un pedido para descatalogarlo como bien patrimonial, paso necesario para habilitar su demolición.

La propiedad, perteneciente desde 2015 a la inmobiliaria González Johansen, ha estado cercada y sin mantenimiento durante al menos 15 años. Un informe de la ingeniera civil María José Abdala Rioja señala que el edificio "compromete la seguridad de las personas" y que su deterioro es tan avanzado que resulta imposible costear su rehabilitación. "La única vía posible es la demolición", concluye el informe, ratificado por el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Arquitectura de la UNR.

El relevamiento técnico indica una ruina funcional total, con habitabilidad nula y pérdida de seguridad, salubridad y confort. La estructura presenta grietas, fisuras y deformaciones graves, mientras que la fachada, aunque relativamente estable, está en riesgo de derrumbe parcial, especialmente en el sector cercano a la calle Corrientes. Las vallas de seguridad actuales son insuficientes y se recomienda una intervención urgente para evitar daños mayores.

En 2016 se había otorgado una viabilidad patrimonial para refuncionalizar el edificio como concesionaria automotriz, permitiendo la demolición de partes degradadas y la preservación de la fachada. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso y el sector a preservar fue abandonado, agravando el deterioro.

El programa municipal de preservación patrimonial considera cumplidos los pasos para declarar la ruina, pero la descatalogación depende exclusivamente del Concejo. Si se aprueba, el lote recibiría protección indirecta por su proximidad al ex cine Imperial y otro edificio catalogado. El debate actual enfrenta la necesidad de preservar el patrimonio arquitectónico frente a la urgencia de garantizar la seguridad pública, mientras el Concejo tiene la última palabra sobre el destino de este inmueble centenario.