Gastón Valestra, un joven de 28 años acusado de liderar una millonaria estafa piramidal, fue hallado muerto este martes en el interior de su vehículo en el departamento de San Martín, Mendoza. El hallazgo se produjo en el Carril Norte, donde un conocido de la víctima, que había acordado reunirse con él, lo encontró sin vida y dio aviso a las autoridades. Las primeras investigaciones apuntan a un suicidio por disparo, aunque los fiscales Oscar Sívori y Miriam Escudero, junto a la Policía Científica y Forense, no descartan otras hipótesis, incluyendo la posibilidad de un homicidio.

Valestra había ganado notoriedad en la zona Este de Mendoza tras ser denunciado por operar un esquema de estafa piramidal que prometía retornos mensuales del 4 al 5% en dólares, con la condición de mantener el capital invertido durante 20 meses. El sistema, que funcionó de manera informal y sin respaldo legal, atrajo a decenas de empresarios y vecinos, quienes confiaron más de 10 millones de dólares, según estimaciones judiciales. Algunas fuentes elevan la cifra a 30 millones de dólares, considerando aportes del comercio informal y la falta de denuncias por temor a justificar el origen de los fondos.

El colapso del esquema se produjo en noviembre de 2024, coincidiendo con el vencimiento de los plazos de inversión y el anuncio de un blanqueo de capitales por parte del Gobierno nacional. Ante la presión de los inversores para recuperar su dinero, Valestra habría alegado que una medida gubernamental había bloqueado los fondos y que un estudio jurídico de Buenos Aires trabajaba para desbloquearlos, aunque esto nunca se concretó. En los últimos meses, Valestra habría manifestado temor por su seguridad, dado que algunos de los afectados tenían vínculos con el delito y exigían el pago de sus inversiones.

La muerte de Valestra pone en evidencia la vulnerabilidad de los esquemas informales de inversión y la falta de controles en operaciones de alto riesgo. Empresarios locales afectados por el fraude buscan recuperar sus fondos y exigen respuestas judiciales, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y el destino del dinero involucrado. El caso genera preocupación en la comunidad y plantea interrogantes sobre la protección de los inversores y la regulación de actividades financieras no autorizadas.