La crisis sanitaria desatada por el fentanilo contaminado en Argentina ha dejado al menos 68 muertos y decenas de afectados en hospitales de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. El laboratorio HLB Pharma Group, dirigido por Ariel García Furfaro, se encuentra en el centro de una investigación judicial por la producción y distribución de ampollas contaminadas con bacterias multirresistentes, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. La situación se agravó tras la denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad, que acusa a la empresa de haber presentado un certificado municipal falso para obtener autorización de importación de precursores químicos.

El brote fue detectado en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata reportó infecciones respiratorias inusuales en pacientes de terapia intensiva. Investigaciones posteriores revelaron que el lote 31.202 de fentanilo, producido por HLB Pharma, estaba contaminado y había sido administrado a pacientes incluso después de su retiro oficial. La abuela de García Furfaro, Olga Luisa Arena, presentó el certificado falso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos en diciembre de 2023, lo que derivó en la actual causa penal.

Las autoridades realizaron 22 allanamientos, confiscando medicamentos, documentos y dispositivos electrónicos. Todos los sospechosos, incluidos familiares y directivos de HLB Pharma, tienen bienes inhibidos y prohibición de salida del país. La ANMAT, por su parte, prohibió el uso y distribución de los lotes afectados y clausuró las instalaciones involucradas.

El caso ha puesto en evidencia graves deficiencias en la fiscalización y control de medicamentos en Argentina. HLB Pharma ya contaba con antecedentes de desvíos de calidad y deficiencias en la gestión farmacéutica, con más de 117 expedientes abiertos por ANMAT. Expertos y abogados de familiares de víctimas critican la falta de severidad previa de los organismos de control, señalando que una intervención más temprana podría haber evitado la tragedia.

Familiares de las víctimas reclaman justicia y denuncian el silencio institucional, mientras la ministra Patricia Bullrich destacó la rapidez de la investigación. El caso también genera preocupación por la posible desviación de precursores químicos al narcotráfico, un problema recurrente en el país. La investigación judicial continúa, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas imputaciones y se esclarezca el alcance total de la tragedia.