El gobierno argentino oficializó en julio de 2025 el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco de un programa de “obra pública cero” impulsado por la administración de Javier Milei. La medida, establecida por el decreto 461/2025, implica la transferencia de funciones al Ministerio de Economía y la creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Según datos oficiales y especialistas, el 50% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado, una situación que se agravó tras el desfinanciamiento de la obra pública. El presidente de la Fundación Profesional de Transporte, Sergio Ruppel, advirtió: “La situación es desesperante. No es algo que comenzó este año. Las rutas vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo”. Ruppel también cuestionó la viabilidad de trasladar la responsabilidad a las provincias o al sector privado, señalando que “las provincias no tienen fondos” y que “el precio de los peajes sería insostenible”.

El cierre de la DNV y la ANSV afecta a más de 5.500 trabajadores y deja sin control directo más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. El gasto en infraestructura cayó un 82% en términos reales entre 2023 y 2025, y la inversión en rutas pasó de 10.321 millones de dólares en 2023 a 2.437 millones en 2024. Sindicatos y asociaciones civiles denuncian un vaciamiento del Estado y advierten sobre el aumento de accidentes y los altos costos económicos y humanos asociados.

Desde el gobierno, el vocero Manuel Adorni defendió la medida argumentando que permitirá “un ahorro anual estimado en 100 millones de dólares” y una mayor participación del sector privado. Sin embargo, técnicos y gremios del sector expresaron su preocupación por la falta de una hoja de ruta clara para la transición y el riesgo de que las rutas no rentables sean abandonadas.

La Cámara Argentina de la Construcción manifestó su “profunda preocupación” por la eliminación de un organismo con casi un siglo de trayectoria, advirtiendo que la falta de mantenimiento impactará en la producción y la logística nacional. Por su parte, asociaciones de víctimas de tránsito y exfuncionarios de la ANSV alertaron sobre el retroceso en seguridad vial y el posible incremento de muertes evitables.

A casi un siglo de su fundación, el cierre de Vialidad Nacional marca el fin de una política pública central en la integración territorial y el desarrollo económico del país. La incertidumbre sobre la continuidad de obras y el control de concesiones genera preocupación en diversos sectores, mientras el debate sobre el rol del Estado en la infraestructura vial sigue abierto.