Las universidades nacionales argentinas enfrentan una nueva etapa de conflicto por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial de Javier Milei. Desde el miércoles 12 de noviembre, docentes universitarios iniciaron un paro de 72 horas en reclamo de la implementación de la ley y la recomposición salarial, mientras que los trabajadores no docentes anunciaron una huelga nacional de 24 horas para el miércoles 19 y una jornada de visibilización el jueves 20 de noviembre.

La medida de fuerza afecta el dictado de clases, la investigación y las actividades administrativas en universidades de todo el país, incluyendo la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Sur. Los gremios denuncian que, a pesar de la sanción y ratificación de la ley por ambas cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla, profundizando el ajuste presupuestario y poniendo en riesgo el funcionamiento de las instituciones.

El reclamo central de los gremios, nucleados en FATUN, Conadu y Conadu Histórica, es la inmediata puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un esquema de actualización presupuestaria y fortalecimiento del sistema público. Además, exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) y mejoras salariales, ya que los sueldos docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Según datos gremiales, un docente titular con dedicación simple percibe alrededor de $343.117 netos mensuales.

La situación ha generado movilizaciones y jornadas de visibilización en distintas ciudades, con el lema "Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro". Los gremios advierten que, de no obtener respuestas del Gobierno, se profundizará el plan de lucha en las próximas semanas. El conflicto se enmarca en un contexto de ajuste presupuestario y creciente malestar en el sector educativo, que ya ha protagonizado tres marchas federales en defensa de la universidad pública.

La falta de aplicación de la ley y la ausencia de diálogo por parte del Ejecutivo nacional mantienen en vilo a la comunidad universitaria, que reclama garantías para el normal funcionamiento de las instituciones y la continuidad de la educación superior pública en Argentina.