La reciente entrega de 160 viviendas del plan Procrear a efectivos de las fuerzas federales en Avellaneda, encabezada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desató una fuerte polémica. Las unidades habitacionales, construidas bajo el programa Procrear y originalmente adjudicadas a familias mediante sorteo en 2023, fueron reasignadas por decisión del Gobierno nacional, desplazando a los beneficiarios originales.

La Defensoría del Pueblo de Avellaneda presentó oficios administrativos solicitando explicaciones a la ministra Bullrich, al ministro de Economía Luis Caputo y al Banco Hipotecario, entidad involucrada en la operatoria. Daniel García, defensor del Pueblo local, afirmó: “Nosotros lo que recomendamos fue agotar la acción administrativa. Esto es fundamental en cualquier procedimiento judicial donde se tenga que hacer una cautelar que está dentro de lo que es una acción colectiva”. García no descartó la posibilidad de presentar un amparo colectivo si no obtienen respuestas satisfactorias.

Desde el Gobierno, Bullrich defendió la medida argumentando que “el Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan Procrear y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas. Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”. Además, justificó la reasignación señalando que algunas viviendas estaban siendo mal utilizadas, incluso alquiladas en plataformas como Airbnb.

La decisión se enmarca en la reciente disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, oficializada en junio de 2025, y en la transferencia de la administración de créditos al Banco Hipotecario. El Ministerio de Economía fundamentó la medida en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”.

Las familias afectadas, que contaban con preadjudicación y cumplían con los requisitos, consideran la medida una “estafa” y un “abuso de poder”. El caso generó un intenso debate público sobre la transparencia, la legalidad y la legitimidad de la reasignación de viviendas sociales, en un contexto de recorte de políticas habitacionales y creciente demanda social.