El paro nacional universitario continúa generando repercusiones en todo el país, con docentes, no docentes y estudiantes movilizados en defensa de la educación pública y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las protestas, que se desarrollan en ciudades como Rosario, La Plata y Buenos Aires, reflejan el profundo malestar de la comunidad educativa ante la falta de actualización salarial y presupuestaria.

En Rosario, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue epicentro de un ruidazo y paro total, donde los gremios docentes denunciaron que el gobierno nacional ignora la ley de financiamiento desde hace más de 150 días. Luz Prados, integrante de Coad, expresó: “El recorte presupuestario ha sido de los más fuertes desde la vuelta a la democracia. No alcanza para hacer frente a las cuestiones básicas. El salario docente tuvo una pérdida del 40 por ciento”. La situación afecta tanto a los salarios como a la estructura universitaria, con congelamiento de partidas para servicios básicos y reducción de becas.

En La Plata, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizaron una clase pública frente al Rectorado, sumando el apoyo de trabajadores de otros sectores. Los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar las medidas de fuerza y organizar nuevas asambleas y clases públicas para visibilizar el reclamo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta se trasladó frente a la residencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde docentes y estudiantes de la UBA organizaron clases públicas bajo un fuerte operativo policial. La acción buscó vincular el reclamo educativo con denuncias sobre el patrimonio del funcionario, generando amplia repercusión mediática.

El trasfondo del conflicto es el deterioro de los ingresos docentes y la falta de actualización del presupuesto universitario frente a la inflación. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, los salarios del sector registraron una caída real cercana al 45%. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025, establece la actualización automática de los recursos, pero su implementación es resistida por el Ejecutivo.

Gremios docentes y estudiantiles llaman a la unidad y a la profundización de las protestas, mientras familias y organizaciones sociales se suman al reclamo. El gobierno nacional, hasta el momento, no ha dado respuestas contundentes, lo que augura la continuidad del conflicto y nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.