Los sindicatos docentes de Argentina rechazaron este jueves la oferta salarial presentada por el Gobierno nacional, que proponía elevar el salario mínimo docente de $500.000 a $650.000. La decisión fue tomada de manera unánime por las principales organizaciones sindicales, que consideran la cifra insuficiente frente al contexto inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo que afecta al sector educativo.

La reunión, encabezada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se realizó de manera presencial y virtual, y fue la continuación de un encuentro anterior en el que no se había presentado ninguna propuesta concreta. Los representantes sindicales, entre ellos Sergio Romero de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y Sonia Alesso de CTERA, manifestaron su descontento con la oferta oficial. "No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza", afirmó Romero, quien estimó que el salario mínimo necesario para superar ese umbral es de aproximadamente $1.300.000.

Desde CTERA, se reclamó además la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y el aumento de partidas para comedores escolares e infraestructura. En un comunicado, la organización señaló que "resulta inadmisible que la paritaria nacional docente haya estado prácticamente paralizada durante casi un año, en un contexto de fuerte deterioro salarial y de desfinanciamiento de la educación pública".

El conflicto salarial ha tenido impacto en la vida cotidiana de los docentes, quienes denuncian dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y servicios. Según los gremios, esta situación repercute también en la salud física y mental de los trabajadores y en la continuidad escolar de los estudiantes, especialmente en provincias del norte del país.

La negociación pasó a un cuarto intermedio y se retomará la próxima semana. Los sindicatos advirtieron que, de no haber avances significativos, podrían intensificarse las medidas de fuerza a nivel nacional. El Gobierno, por su parte, aún no ha emitido una respuesta pública ante el rechazo sindical, mientras crece la expectativa por una nueva propuesta que permita destrabar el conflicto y garantizar el normal funcionamiento del sistema educativo.