El Tribunal Electoral de Misiones ha decidido excluir del padrón electoral a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad para las elecciones provinciales del próximo 8 de junio. La medida, basada en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial, afecta a más de 20,000 personas y ha generado un intenso debate político y legal.

La resolución, formalizada mediante el Acta Acuerdo Nº 1221, ordena a las fuerzas armadas y de seguridad remitir listas de personal activo para su exclusión del padrón. Según el Tribunal, esta decisión cumple con la normativa constitucional que prohíbe a estos ciudadanos emitir su voto. Sin embargo, la medida contradice un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones de 2006, que había declarado inconstitucional dicho inciso y habilitado a los integrantes de las fuerzas a votar.

La decisión ha sido duramente criticada por sectores de la oposición y expertos legales. Ariel Pianesi, diputado provincial por la UCR, calificó la medida como "inentendible" y afirmó que busca "silenciar a los opositores". Valeria Soczyuk, apoderada de La Libertad Avanza, la tildó de "inconstitucional, discriminatoria e incongruente". Ambos han presentado pedidos de revisión ante el Tribunal Electoral.

La abogada Rivas también se sumó a las críticas, señalando que la medida representa un retroceso legal y es incompatible con la Constitución Nacional, especialmente tras la reforma de 1994. "No hay manera de que armonice una decisión del Tribunal Electoral con la norma superior, que es la Constitución Nacional", afirmó.

El contexto político añade complejidad al asunto. La medida afecta a un sector que ha mostrado apoyo a candidatos opositores en elecciones previas, como Ramón Amarilla, un ex suboficial detenido y actual candidato opositor. La oposición acusa al oficialista Frente Renovador de la Concordia de intentar reducir el caudal de votos opositores.

En 2006, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones había habilitado a las fuerzas a votar, lo que ahora se revierte. La resolución del Tribunal Electoral ha sido calificada como un intento de proscripción y una violación de derechos humanos por parte de algunos sectores.

El impacto de esta decisión en las elecciones del 8 de junio y su posible revisión judicial serán temas clave en las próximas semanas. Mientras tanto, el debate sobre la constitucionalidad de la medida y su impacto en el proceso electoral continúa generando controversia.