Un informe de Gendarmería Nacional ha generado controversia en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner, al revelar que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, autor del intento de magnicidio, registró actividad en el Shopping Abasto cuando ya se encontraba detenido y bajo custodia policial. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel fue arrestado tras apuntar y gatillar un arma contra la entonces vicepresidenta, sin que el disparo se concretara.

Según el peritaje, el celular se conectó a la red wifi del shopping a las 22:38, pese a que desde las 21 horas el acusado estaba en manos de la Policía Federal. Este hallazgo ha motivado que la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordene nuevas medidas para determinar quién tuvo acceso al dispositivo durante ese lapso, considerado clave para la investigación. Entre las acciones dispuestas, se incluye el análisis de la titularidad y geolocalización de los celulares de los policías que participaron en el operativo, así como la revisión de llamadas y registros de actividad en el área del shopping.

El informe también detectó otros eventos digitales, como la eliminación de datos vinculados a cuentas de redes sociales y actividad en aplicaciones de mensajería, ocurridos horas después de la detención. La reconstrucción de la secuencia evidencia que pasaron casi tres horas desde el atentado hasta que el teléfono fue resguardado formalmente por la Justicia, con el acta de custodia firmada recién a las 00:23 del 2 de septiembre.

El entorno de Cristina Kirchner y referentes del kirchnerismo han cuestionado la rigurosidad del peritaje y la actuación de la jueza Capuchetti. Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, sostuvo que la conexión del celular podría deberse a un mail automático de satisfacción por el uso del wifi, y no necesariamente a la presencia física del dispositivo en el shopping en ese momento. Además, se debate la precisión de los métodos de geolocalización utilizados y la interpretación de los registros digitales.

Por el intento de magnicidio, Sabag Montiel fue condenado en octubre de 2025 a 14 años de prisión, mientras que Brenda Uliarte, su expareja, recibió una pena de 8 años. El caso sigue abierto por posibles irregularidades en la custodia y manipulación de pruebas, y la investigación continúa bajo la mirada crítica de distintos sectores políticos.

La controversia sobre la cadena de custodia y la interpretación de los datos digitales plantea interrogantes sobre la transparencia y el rigor de los procedimientos judiciales, con implicaciones futuras para la confianza en el sistema de justicia argentino.